Son numerosas las organizaciones de la sociedad civil que han firmado el Pacto por la Primera Infancia desde abril del año pasado, afortunadamente se siguen sumando y se esta cumpliendo con acciones de seguimiento a los avances del mismo.
En el mes de marzo se realizó la primera tarea de participación ciudadana en todo el país para detectar cuales serán las necesidades prioritarias dado que se cuenta con un diagnóstico previo.
Al presidente y a quienes integran su gabinete se les ha pedido el compromiso de colocar a la niñez y la juventud como una prioridad dentro de su plan de gobierno,
Y ello responde a la gran población que constituye este sector dado que en México el 52% tienen de 0 a 29 años.
Pero más aún habría que analizar las condiciones en las que vive este sector de la población, sólo por mencionar dos rubros en los que el presidente electo se ha pronunciado diremos que padecen pobreza y desempleo, pues tenemos que 21.4 millones de niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza y que de los jóvenes empleados en el primer semestre de 2017 entre los 15 y 29 años de edad 5 millones estaba en empleos formales y 9 millones en informales con lo cual sabemos que carecen de prestaciones; se necesita garantizar que puedan acceder a educación para encontrar mayores oportunidades.
Si bien es cierto que se cuenta con leyes que protegen a la niñez y con instituciones sólidas, también es una realidad que algunas leyes se están dejando trasgredir por normas de inferior categoría jurídica, por lo cual también se hace un llamado a revisar las mismas para que no hayan acciones contradictorias en detrimento de esta población que tanto nos preocupa.
En el llamado que hacen las Organizaciones que integran el Pacto por la Primera Infancia para ser incluidas diversas acciones y estrategias en el Plan de Desarrollo, se solicita para dar máxima prioridad a este sector el fortalecimiento institucional de las instancias de niñez y juventud para dotarles de mayor recursos humanos y financieros para cumplir con sus obligaciones.
En los marcos normativos se pide concluir con el proceso de armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Para la planeación de las políticas públicas es necesario que se incluya a las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y que estén presentes en todas las fases de la misma en mesas de dialogo ya que dada su experiencia y conocimientos tienen mucho que aportar.
Para incentivar la participación de la niñez y de las organizaciones que atienden esta población hay que crear los mecanismos permanentes a fin de que su intervención sea sustantiva en todas las decisiones que puedan afectar la garantía de sus derechos.
Se pide incrementar la inversión pública para garantizar todos los derechos de este grupo desde las distintas instituciones que los atienden, es de suma importancia que el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos suficientes; así como desconcentrar la Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para darles mayor autonomía.
Son muchos los retos, pero vale la pena trabajar por la infancia ya que es garantizar el futuro de México.
